Análisis de resultados 2015-2016

VISIBILIDAD

Camino largo, paso corto

El factor Visibilidad presenta notables avances, pasando de 69.6 puntos en la vigencia 2013-2014 a 77.2 puntos en la última medición. Esto se debe, en parte, a los esfuerzos institucionales que han realizado las entidades para poner en marcha la Ley de Acceso a la Información Pública, y a las facilidades que las nuevas tecnologías brindan a la hora de gestionar, publicar y divulgar la información.

 

A pesar de los avances aún existen desafíos importantes para lograr que se garantice el derecho fundamental de acceso a la información pública. Dos años después de la entrada en vigencia de la Ley 1712, esta no se está acatando en su totalidad, ni siquiera en las entidades del orden nacional.


Lo bueno, lo malo y lo feo

Lo bueno: Más información pública disponible

Las entidades nacionales han ido avanzando de manera generalizada en la publicación de la información pública en sus sitios web. Con ello se ayuda a garantizar el derecho de acceso a la información y se promueven otros derechos relacionados, como la salud y la educación, y el acceso a subsidios y servicios del Estado. 
Se está publicando más información relacionada con:

  • Atención al ciudadano: 72 de las 75 entidades evaluadas tienen un buzón de atención al ciudadano en su sitio web. A pesar de ello es importante avanzar también en procesos de retroalimentación ciudadana por medio de encuestas de satisfacción a la atención recibida pues sólo 21 entidades las realizaron en ese mismo año.
  • Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: Sólo tres entidades no han publicado este documento1. Es importante que todas las entidades lo elaboren y que trabajen además en darlo a conocer a sus funcionarios y a la ciudadanía.

Lo malo: Ley 1712, implementación en veremos

En la vigencia 2013-2014 el indicador de Divulgación de información pública obtuvo calificación de 71.4 puntos, pero en está vigencia sólo llega a 60.4. 

En la vigencia anterior se evaluaba la existencia de las herramientas de gestión de información de la Ley 1712, ya que apenas comenzaba su puesta en marcha. Sin embargo, para esta vigencia se profundiza en la revisión de contenido de cada documento, teniendo en cuenta que las entidades han contado con el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones que esta les exige.

Los resultados 2015-2016 muestran que las entidades no están cumpliendo en su totalidad con las obligaciones de la ley. Sólo 28 entidades cuentan con las tres herramientas para la gestión de la información pública que exige la ley (registro de activos de información, esquema de publicación de información e índice de información clasificada y reservada), y diez no cuentan con ninguno de estos documentos.

En términos de calidad de los documentos, los resultados tampoco son los mejores, pues como muestra la siguiente ilustración, ninguna calificación supera los 50 puntos.

Sistemas de información unificados, pero no divulgados: Aunque el gobierno nacional ha desarrollado sistemas de gestión de información unificados como el SIGEP, el SUIT2 y el SECOP3 entre otros, el ciudadano del común no siempre sabe de su existencia, de su utilidad o sobre cómo utilizarlos. El solo hecho de proveer un acceso a estos sistemas no basta para cumplir con el mandato de la ley. El ciudadano debe disponer de instrucciones precisas para utilizarlos de manera adecuada y saber qué tipo de información le ofrece cada uno de ellos.

En ese mismo sentido, a pesar de que la coherencia en la información contractual publicada en el SECOP4 y la reportada por las entidades aumentó 14.9 puntos entre las dos vigencias5, este sistema aún no logra garantizar que toda la contratación del país sea publicada.


Lo feo: Tareas pendientes en tiempos de datos abiertos

En momentos en los cuales los datos abiertos están ganando cada vez más importancia, se debe resaltar que aunque las entidades han desarrollado criterios para la apertura de datos, aún hay mucho trabajo por hacer en este aspecto. La calificación de la existencia de criterios para la apertura de datos fue de 45.3 puntos, y a pesar de que subió 13.6 puntos con respecto a la medición de 2013-2014, a las entidades les queda un largo camino por recorrer para enfrentar las demandas de datos abiertos y brindar mayores posibilidades de reutilización, procesamiento, adaptación, análisis, e interoperabilidad con otros sistemas de datos. 

Además, las entidades han avanzado con lentitud en la disposición de la información en formatos reutilizables, ya que los archivos sin protección6 han pasado del 18 % en 2013-2014 a 26 % en 2015-2016. Aún así, es preocupante que la utilización de documentos tipo PDF siga siendo tan preponderante, pues este tipo de formato tiene limitaciones para el procesamiento y análisis de datos numéricos. En la vigencia pasada su uso fue de 57.2 %, mientras que en esta alcanza un 53 %.


1: Exigido en el  artículo 73 del Estatuto Anticorrupción. 

2: Sistema Único de Información de Trámites.

3: Sistema Electrónico de Contratación Pública. 

4: La vigencia de evaluación es 2015, no había entrado en pleno vigor el SECOP II. 

5: Ley 1150 de 2007 y en el Decreto Ley 019 de 2012.

6: Archivos en formatos de uso común como Excel o Word, formatos no propietarios como JSON, CSV.

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