Como ya es costumbre, la primera tarea del proceso de evaluación del Índice de Transparencia de las Entidades Públicas –ITEP- se concentra en la revisión y ajuste de su metodología. El propósito es adecuar la herramienta a las exigencias que imponen la corrupción como un fenómeno estructural y sistémico, al tiempo que reconoce ajustes y reformas que se han llevado a cabo dentro del Estado colombiano. Así, los resultados de la evaluación serán más precisos y podrán utilizarse como insumos de mapas y planes anticorrupción, trazando rutas para mejorar el desarrollo institucional y la capacidad de gestión, teniendo como norte la lucha contra la corrupción y la integridad.
La metodología que orientó esta medición se ajustó casi en su totalidad, razón por la cual estos resultados no pueden compararse con aquellos de anteriores mediciones.
El ajuste en esta oportunidad tiene tres referentes:
Evaluar más la práctica que la formalidad
La norma puede determinar la gestión. Sin embargo la voluntad de los actores, sean estos estatales, privados o ciudadanos, es la que termina por orientarla. Por lo tanto, el ITEP mantiene su tendencia de profundizar en la evaluación de las prácticas de la gestión. De todas maneras se mantienen algunos indicadores que evalúan el cumplimiento de los aspectos formales. Este referente para ajustar la medición implicó la redefinición de algunos indicadores, subindicadores y variables, y también exigió profundizar en las técnicas de investigación documental y análisis de datos agregados. El ITEP busca ser más exhaustivo en la revisión, la valoración y la calificación.
Inclusión de la anticorrupción y el acceso a la información como ámbitos centrales de la gestión pública
Si bien el Estado colombiano ha incorporado en su diseño institucional acciones preventivas contra la corrupción desde 1995 , es en 2011cuando estas se refuerzan a través de: i. inclusión del fenómeno de la corrupción en el Plan Nacional de Desarrollo 2011 – 2014; ii. Sanción del Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011), iii. Adopción del Decreto 2641 de 2012. Así mismo, a pesar de que al momento de la evaluación aún no estaba sancionada la Ley 1712 de 2013 (sobre transparencia y acceso a la información), entidades del Estado y organizaciones de la sociedad civil ya preparaban el terreno para su aprobación y puesta en marcha. Dado el espíritu de esta medición fue necesario incorporar esta normatividad haciendo énfasis en evaluar las condiciones institucionales mínimas que se requieren para dar cuenta de estos ámbitos de gestión.
Rutinario ajuste en razón de los cambios a la normatividad que rige los asuntos que el ITEP evalúa en la gestión pública
Como sucede en todos los años de medición, el equipo de investigación de Transparencia por Colombia revisa cada una de las piezas normativas y las políticas públicas de las entidades líderes con el fin de identificar posibles cambios en ellas.